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Boletín de noticias 26 de enero de 2012
EL TIEMPO
ES 'INACEPTABLE' PEDIR ELEVAR CANJE A RANGO CONSTITUCIONAL: GOBIERNO
Mininterior pidió que las Farc liberen uniformados y civiles lo más pronto posible.
"El Gobierno ve muy positivamente que, finalmente, aquellas personas que aún permanecen secuestradas sean puestas de inmediato en absoluta libertad", afirmó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
El funcionario, que subrayó que el Gobierno "siempre está dispuesto a ofrecer las mayores garantías" logísticas para este tema, dijo que, en cualquier caso esto no puede "convertirse en un obstáculo para que se acelere la liberación de los policías y soldados que llevan tantos años en cautiverio secuestrados y torturados".
Vargas Lleras pidió la pronta liberación tanto de los policías y soldados que permanecen en poder de las Farc, como de los civiles que la guerrilla mantiene en su poder por motivos extorsivos.
"El secuestro no puede ser un instrumento de lucha política, ni mucho menos de lucha militar", afirmó el alto funcionario
El Ministro también dijo que "de ser necesario" se acudirá al Gobierno de Brasil para efectos logísticos, pero prefirió no ahondar en ese aspecto hasta que las condiciones no se hayan acordado completamente.
Respecto a la petición que el cabecilla guerrillero 'Iván Márquez' formuló, en el sentido de elevar a rango constitucional el tema del canje de secuestrados por insurgentes presos, Vargas Lleras la consideró "inaceptable".
"Si no aceptamos la figura del canje, y de colocar a personas que están secuestradas en la misma condición con quienes legalmente están judicializados y procesados cumpliendo condena en las cárceles, mucho menos es aceptable que la figura de un canje se eleve a rango constitucional", aseguró.
Agregó que "el Gobierno no acepta que exista canje" ni que "ese sea el instrumento para procurar la liberación de las personas secuestradas".
De igual forma, dijo que "quienes fueron legalmente extraditados y están purgando sus condenas en el exterior, deben hacerlo". Esto, en alusión a las palabras de 'Márquez' en el sentido de poder regresar a Colombia a guerrilleros extraditados, como el caso de 'Simón Trinidad'.
"Son puntos que lo que procuran es elevar el perfil político de esta organización a través de unas solicitudes que no son dables", puntualizó Vargas Lleras.
Por otro lado, en alusión al pedido del Consejo Superior de la Judicatura a la Comisión de Acusación de la Cámara para que investigue la actuación de altos funcionarios del Gobierno en el caso de la casa por cárcel para alias 'el Cebollero', vargas Lleras se declaró respetuoso.
"Este Gobierno ha sido muy respetuoso de no pronunciarse sobre decisiones judiciales ni mucho menos calificarlas", aseguró.
Y agregó que "en el caso mío no creo haber jamás haber violado este principio, que rige el comportamiento de todos los miembros del Gobierno desde el día 7 de agosto".
MÉDICOS, OBLIGADOS A DENUNCIAR LOS CASOS DE AGRESIONES CONTRA MUJERES
Gobierno presentó decretos con los que se busca brindar protección en casos de violencia de género.
En compañía de los ministros de Justicia, Juan Carlos Esguerra; Salud, Beatríz Londoño; Trabajo, Rafael Pardo y Educación, María Fernanda Campo, la alta consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas, presentó cuatro decretos que buscar proteger a las mujeres que son víctimas de la violencia (Profesión mujer: ni un abuso más / Especial multimedia).
"Con esta reglamentación, el país está dando un paso gigante en la protección de los derechos de las mujeres, porque nos enfocamos en la prevención de cualquier tipo de violencia, en ámbitos como la escuela y el trabajo", aseguró la alta funcionaria. (Lea más noticias sobre la violencia contra las mujeres)
Una de las medidas más importantes de estas normas tiene que ver con la obligación que tendrán los médicos, de denunciar todos los casos de violencia contra la mujer de los que tengan conocimiento.
De igual forma, cuando se instaure una denuncia por agresiones contra una mujer, esta no podrá retirarse luego.
"Cualquier mujer puede denunciar a su agresor en cualquier Comisaría de Familia, ante la Fiscalía General de la Nación, en aquellos municipios donde existen Casas de Justicia o Centros de Convivencia. Hay que destacar dos cosas: que la persona presente la denuncia y que no se arrepienta o se deje amedrentar por haberla presentado, o se deje presionar de una manera más o menos dulce para que retire la denuncia", dijo el ministro Esguerra.
El minjusticia también destacó que el recurso de la Acción de Tutela procederá para defender los derechos fundamentales de la mujer que esté siendo víctima de agresiones y podrá ser interpuesto por cualquier persona diferente a la víctima.
UNA LEY QUE NO VEÍA LA LUZ / OPINIÓN
Dos años y cuatro meses tuvieron que esperar 22 millones de colombianas para que la herramienta que las ampara de toda violencia tuviera dientes para actuar.
Desde septiembre del 2008, cuando fue promulgada la Ley 1257, que por primera vez planteó los derechos de género, empezó un sacrificado trabajo de las organizaciones de mujeres y la bancada femenina del Congreso para que fuera reglamentada.
En su momento las mismas congresistas denunciaron que la ley fue 'víctima' de un mico que dejó "como un asunto querellable" la violencia de género. Por eso, el primer compromiso de la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas, fue promover dicha reglamentación.
Este miércoles se selló ese compromiso con las más de 50 líderes sociales que han batallado silenciosamente para reivindicar los derechos de las mujeres; ahora falta una aplicación efectiva que implica necesariamente a médicos, jueces y fiscales.
Los estudios de la ONU y varias ONG señalan que el 82 por ciento de las mujeres no denuncian por temor a sus victimarios, por vergüenza o por no querer ser revictimizadas con exámenes físicos o preguntas.
Sin lugar a dudas, el paso dado por el Gobierno y la oficina de Alta Consejera es fundamental para empezar a encontrar justicia en miles de casos, no solo relacionados con el conflicto sino con el día a día de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar.
Pero también es un compromiso ineludible con las víctimas que han dado testimonio para que sus historias no se repitan, pero siguen en el ojo del huracán. Víctimas como Clara Ospina, quien después de denunciar a su esposo fue nuevamente golpeada con múltiples fracturas en el rostro. O como Blanca Nubia Díaz, líder wayú, a quien intentaron secuestrar el lunes en Bogotá.
MINISTRA: ¡NO MÁS EPS!
Por: Arturo Argüello
La ministra de salud debería atender el llamado de acabar con las EPS que hace todo el pueblo colombiano.
La posesión de Beatriz Londoño como Ministra de Salud y Protección Social se recibe con beneplácito, pues su enfoque hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad parece orientar el sistema hacia una nueva etapa donde la salud no está en los hospitales sino que se vive en las calles día a día. No obstante, el panorama del ministerio después de la era Uribe y tras una gestión que podría ser calificada más como medio-fracaso que como medio-éxito del exministro Santa María no es diferente a la de ninguna otra cartera del país: el sistema de salud es una bolsa de pus; está lleno de corrupción. En este sentido el panorama es oscuro, y el reto que enfrentará la ministra Londoño no será nada sencillo.
La Ministra debe primero escuchar el llamado que continúa haciendo el pueblo colombiano. "¡Ya no creemos en las EPS, ya no queremos más EPS porque se roban nuestra salud o se lucran a costa de ella!" No se trata de tener cinco, diez o treinta. Se trata de acabar con ellas y que tanto el Estado colombiano como las instituciones prestadoras de servicios asuman nuevamente sus roles correspondientes. No importa cuánto se intervengan las EPS, el sistema está completamente desvirtuado y perdió su legitimidad ante los ojos de los colombianos.
En esta misma línea la Ministra deberá acabar con las leyes que pegan con babas un retazo sobre otro y que buscan apagar incendios, tratando de salvar esa figura a todas luces insalvable. La intermediación con ánimo de lucro es un foco de corrupción comprobado, y mientras esta siga existiendo el sistema de salud continuará sumido en una crisis con cifras escandalosas.
Los hospitales están quebrados o al borde de una quiebra. Los recursos que cada ciudadano, que el Estado y que cada empresa les giran mensualmente a las promotoras siguen desapareciendo en ese torpe proceso de intermediación. Mientras tanto, las IPS siguen sin insumos ni medicamentos para brindar una atención de calidad. La doctora Londoño deberá, nada más ni nada menos, que reconstruir y edificar nuevamente una red de prestadores de servicios que hoy se encuentra derruida.
De igual triste manera, a una proporción importante de los profesionales de la salud hace meses que no les pagan. Tienen tres o cuatro trabajos, ninguno que respete sus condiciones como trabajador ni en lo salarial ni en lo personal. Viven cansados y justamente desmotivados. Trabajan en condiciones deplorables en las que incluso tienen que hacer colectas para poder comprarle una bolsa de suero a un paciente. Muchos se van, muchos se retiran, muchos trabajan con tedio, pero en su mayoría permanecen impávidos ante las injusticias de un sistema que los considera desechables, de segunda mano. En esto, la Ministra tendrá que luchar por devolverles la dignidad perdida a las profesiones de la salud.
Pero el panorama para la Ministra es aún más negro. Las facultades de medicina pululan por doquier. Una casa, un garaje con tablero, prácticamente equivale a un registro calificado. De manera inconcebible, en el país hay 55 programas de medicina y, cuando más, quince hospitales universitarios (ninguno de estos acreditado como tal ante la nueva legislación de 2010). Debe entonces preguntarse la Ministra en dónde se están formando los médicos de las otras 40 facultades y cuál es la calidad de esos futuros profesionales, y tomar cartas en el asunto cerrando unos cuantos programas que atentan contra el futuro de la salud de los colombianos. A esto se le suma la escasez de médicos especialistas producto de la actuación de ciertas mafias innombrables que limitan los cupos de formación para que no se afecte la demanda del "mercado", mafias que con gallardía deberá destapar y afrontar.
En la misma línea, hoy la Ministra ya debe saber que las pocas enfermeras que hay en el país se están yendo atraídas por cuantiosas ofertas del exterior donde sí valoran su trabajo. Hoy la Ministra ya debe estar enterada del gravísimo estado de los programas de enfermería que se están cerrando porque por momentos pareciera que a las universidades se les olvidó su razón social y solo les importan los temas económicos. Pero más allá de todo, la Ministra ya debe tener muy claro que el problema real es que cada vez menos bachilleres quieren estudiar una profesión en detrimento. Ministra, las ciencias de la rehabilitación, la bacteriología y la instrumentación quirúrgica no gozan de un destino diferente al de la enfermería.
La educación en profesiones de la salud es un desastre nacional y es un tema adicional al que los colombianos esperamos que se encuentre una solución desde la cartera de Salud, pues es claro que el Ministerio de Educación Nacional no sabe de las necesidades de formación de los profesionales de la salud y que el Ministerio de Salud y Protección Social no sabe de educación. Sin duda alguna se requiere una legislación especial y desarrollada de manera conjunta que atienda las necesidades de educación del sector salud, aunque para esto se requiere luchar contra todos esos intereses que se disfrazan de academia y que han querido mantener al Ministerio de Salud y Protección Social al margen de la educación en estas profesiones.
Y nosotros, señora Ministra, los pacientes, los usuarios del sistema, aún seguimos esperando para que nos otorguen una cita. Los de mayores ingresos siempre podrán seguir acudiendo a su prepagada o a una consulta privada, y los de menores recursos continuarán entutelando y, en ocasiones, cuando la situación sea delicada, comprarán menos mercado para pagar a un médico privado. No en vano los estudios realizados por el Banco Mundial y la Universidad Nacional muestran que en salud gasta más de su bolsillo una persona de escasos recursos que cualquier otro colombiano, básicamente porque si bien la cobertura del 100% está cerca, la atención universal y de calidad se mantendrá como una utopía mientras exista eso en lo que no creemos ni queremos y que llaman EPS.
Pero si la corrupción, el lucro, las demoras administrativas, la falta de pago a los hospitales y la nula credibilidad de los colombianos en las EPS no son suficientes razones para acabar con estas, piénselo bien, señora Ministra, a usted que le gusta el tema, pues en estos más de 15 años de existencia no han cumplido con otra de sus funciones principales, cual es la de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Si eso fuera así, si tan solo hubieran hecho lo que debían hacer, los indicadores de salud serían completamente diferentes.
Alguna vez alguien me mencionó que el poder de 'lobby' de las EPS era semejante al de las tabacaleras y las farmacéuticas. Y si a eso, con lo cual estoy de acuerdo, se le suma lo anterior, entonces la tarea de la Ministra deberá ser la de acabar con el mismísimo diablo y con las mafias que bien le sirven.
EL ESPECTADOR
HISTÓRICA VISITA DE EXM-19 AL PALACIO DE JUSTICIA
Gustavo Petro y Antonio Navarro este miércoles hicieron una visita protocolaria.
Dos de los emblemáticos exguerrilleros del M-19 regresaron este miércoles al Palacio de Justicia.
En la que podría ser calificada una visita histórica, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y el secretario de Gobierno de la capital, Antonio Navarro, estuvieron de visita protocolaria en la sede de las Altas Cortes.
El significativo encuentro se dio gracias a que la sala plena de la Corte Constitucional les recibió para tratar varios temas.
En ese sentido, el alcalde recordó que “la Corte Constitucional es una hija institucional de la Constitución de 1991”.
A su turno, el presidente de la Corte, Juan Carlos Henao, consideró ésta “una visita protocolaria pero altamente simbólica, a una institución que es hija de la Constitución de 1991, que es la carta política de la paz y la reconciliación entre los colombianos”.
En 1985 la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia en una de las más recordadas acciones de ese grupo armado ilegal. Por eso, algunos consideran que éste fue un acto de reconciliación.
'COMPULSA DE COPIAS CONTRA EL PRESIDENTE NO ES UNA RETALIACIÓN': JUDICATURA
El presidente de la Sala Disciplinaria aclaró que primer mandatario y sus ministros fue señalado por ‘El Cebollero’ en declaración juramentada, hecho por el cual se deben emprender las acciones legales jurídicas.
El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga señaló que la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia de compulsar copias para que se investigue al presidente de la República, Juan Manuel Santos, a unos ministros y funcionarios judiciales se desprende de las declaraciones juramentadas de Alirio de Jesús Rendón alias ‘El Cebollero’.
El magistrado explicó que el narcotraficante señaló en su declaración en el proceso disciplinario que se adelanta contra el juez primero especializado Humberto Navales Durango, que el presidente de la República, así como algunos de sus ministros “habrían presionado a la justicia” para que le retiraran la detención domiciliaria con la que había sido cobijado por problemas de salud.
Ante estas declaraciones, señaló el presidente de la Sala Disciplinaria, el magistrado que adelantaba la investigación tenía la obligación de ordenar las investigaciones contra las personas que fueron nombradas por ‘el Cebollero’, más aún por la gravedad que embestían las mismas y los personajes que tocaban.
"Hay una norma en el Código Único Disciplinario que obliga a que cuando un servidor público tiene conocimiento de hechos constitutivos presuntamente de faltas disciplinarias o de delitos es su deber poner en conocimiento de las autoridades correspondientes esos hechos, máxime cuando el señor Alirio de Jesús Rendón, bajo la gravedad de juramento hace esos cargos contra el señor presidente de la República, los señores ministros y los señores funcionarios judiciales o admiistrativos”, aclaró el presidente del alto tribunal.
Igualmente aclaró que esta compulsa de copias contra los altos funcionarios es una muestra “de la independencia de las ramas ejecutivas y judiciales”, contrario a lo que señala el mismo ‘Cebollero’ “en el que se indicó una manipulación y presión” de nuestras decisiones.
“Esto es una muestra de que aquí no actuamos porque el presidente formuló una queja pública y nosotros asumimos el conocimiento de la misma, sino que con estas actuaciones lo que se demuestra es la total independencia de las distintas ramas del poder público, entre las que la jurisdicción disciplinaria está actuando de manera independiente e imparcial, para poner en conocimiento de las autoridades pertinentes las denuncias formuladas por el señor Alirio de Jesús Rendón”, precisó Villarraga.
Por último, manifestó que este tipo de decisiones no pueden catalogarse como retaliación por algunos puntos de la reforma a la justicia presentada por el Gobierno en la cual se modifican las funciones de la Judicatura, “los jueces no actuamos con ánimos retaleatorios vindicativos”.
EL NUEVO SIGLO
APLAZAN AUDIENCIA DE ATENCIÓN A DESPLAZADOS
En este momento aún se trabaja en una propuesta sobre adopción de indicadores de goce efectivo de derechos a la verdad, justicia y reparación.
Un tercer aplazamiento, esta vez de forma parcial, sufrió en la Corte Constitucional la audiencia especial con los órganos de control para verificar el cumplimiento en la atención a la población desplazada en los términos fijados por la sentencia T-025 de 2004, en esta ocasión por solicitud de la Comisión de Seguimiento sobre Desplazamiento Forzado.
Sin embargo en el día de hoy se cumplirá parte de esta audiencia con la presencia de la fiscal Viviane Morales y el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez. Morales deberá explicar a la Corte Constitucional, cuál es el resultado de la acción de la justicia frente al desplazamiento forzado.
En consecuencia el alto Tribunal reprogramó dicha audiencia en dos sesiones, a llevarse a cabo la primera de ellas el 1 de marzo de 2012 y la segunda el 29 de marzo de 2012, a partir de las 8:00 a.m.
La Corte Constitucional había fijado el 10 de noviembre pasado una primera audiencia para verificar el cumplimiento por parte del Estado de la sentencia T-025 de 2004, a la cual fueron citados el procurador Alejandro Ordóñez; la fiscal Morales y la contralora Sandra Morelli, para que presentaran un informe y evaluar la efectividad de los distintos mecanismos disciplinarios, fiscales y judiciales que aseguran el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte como juez de tutela para proteger a la población desplazada, así como los obstáculos y prácticas institucionales detectados que han dificultado su aplicación.
Sin embargo la Corte determinó suspender dicha audiencia porque no asistió la Fiscal, aunque en su representación estuvo presente el entonces vicefiscal Juan Forero. En consecuencia se citó nuevamente a Morales para el 15 de diciembre de 2011.
No obstante nuevamente la audiencia fue aplazada, esta vez porque el Secretario General de la Presidencia, mediante comunicado del 13 de diciembre de 2011, solicitó “la prórroga de la audiencia pública con los órganos de control cuya continuación fue fijada para el día 15 de diciembre de 2011” debido a la necesaria asistencia de los ministros a las cámaras legislativas para intervenir en las sesiones parlamentarias en las que se aprobarán o conciliarán proyectos de ley correspondientes a la agenda legislativa del Gobierno.
En consecuencia dicha audiencia fue reprogramada para el día de hoy, cuando la Corte citó nuevamente a la Fiscal, al Procurador, a la Contralora, a los encargados de las instituciones que tienen que ver con la atención a desplazados, así como a los ministros del Interior, Defensa, Hacienda, Justicia, Agricultura, Comercio, Protección Social y Vivienda.
Motivo del aplazamiento
La sentencia T-025 de 2004 ordena la atención de los derechos básicos de todas las personas desplazadas y establece un proceso de seguimiento en el que participan tanto el Gobierno nacional, los organismos de control, las agencias humanitarias de la comunidad internacional, las organizaciones de población desplazada y las organizaciones de derechos humanos.
En este sentido varias organizaciones y personalidades del país constituyeron desde agosto de 2005 la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, de la cual hacen parte, entre otros, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Corporación Viva la Ciudadanía.
En cuanto a la solicitud que hizo a la Corte Constitucional la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado para se aplazará parte de la audiencia, el director del Codhes; Marco Romero, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “lo que ocurre es que hay varias audiencias, la que pedimos que se aplazara es la que tiene que ver con la adopción de indicadores de goce efectivo de derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y solicitamos correrla unos días porque se está elaborando un proceso de construcción de esos indicadores a partir de un diálogo técnico con el Departamento Nacional de Planeación, y de alguna manera el tema va revestido de una complejidad, requiere un poco más de trabajo con los expertos, es un problema puramente técnico”.
En consecuencia los días 1 y 29 de marzo se realizará la audiencia general en lo correspondiente a la evaluación de la respuesta de la política pública a la población desplazada y en lo que tiene que ver con la adopción de indicadores de goce efectivo de derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
PROCURADURÍA DEBE VELAR POR PATRIMONIO PÚBLICO
Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia al revisar el fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Laboral del mismo tribunal, en referencia a una intervención del Minpúblico en un caso del ISS.
Revocó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Laboral del mismo tribunal, y concedió el amparo del derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la Procuraduría General de la Nación, en el caso de un proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros Sociales (ISS), donde el Ministerio Público intervino en defensa del patrimonio público.
Convocó el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá el 13 de enero de 2011 al Ministerio Público dentro de un proceso en el que se demandaba al ISS para el reconocimiento de un incremento pensional, debido a que el Instituto no había contestado la demanda.
Radicó el Ministerio Público el 26 de enero siguiente un memorial en el que propuso las excepciones de fondo de inexistencia del derecho reclamado y prescripción; el despacho judicial admitió esta intervención. El demandante solicitó no tener en cuenta las excepciones planteadas por la Procuraduría al considerar que eran extemporáneas y que la Entidad no tenía competencia para presentarlas; asimismo solicitó la nulidad del auto por el cual se tenía en cuenta lo planteado por el Organismo de Control.
Negó el juez la nulidad solicitada y el demandante interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, despacho que revocó la decisión del juzgado argumentando que las excepciones habían sido presentadas de forma extemporánea por el Ministerio Público y que no se podían tener en cuenta para proferir sentencia. La Procuraduría presentó entonces una acción de tutela invocando la protección de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de jsticia, porque se había limitado su intervención en defensa del patrimonio público.
Negó la tutela la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia argumentando que era una acción contra providencia judicial y que era improcedente por cuanto no se daban los requisitos para aceptarla. La Procuraduría apeló esta decisión que fue revisada por la Sala de Casación Penal de la Corte, instancia que ordenó se anulara el auto del Tribunal Superior de Bogotá que había dispuesto no tener en cuenta la intervención del Ministerio Público.
Señala el Alto Tribunal señala que la intervención de la Procuraduría en defensa del patrimonio público se realizó con fundamento en la Constitución y la Ley: “El Ministerio Público sí puede proponer excepciones en defensa, no del I.S.S. como parte demandada -administradora del patrimonio de la seguridad social-, sino del interés público materializado, entre otros, en los recursos destinados para el fin pensional, los cuales no pueden quedar desamparados con el pretexto de que el único legitimado para propender por su defensa es la entidad administradora, como si estos fueran de su propiedad (…)”.
CARACOL RADIO
YA NO SE PUEDE HABLAR DE TOTAL IMPUNIDAD EN CASOS DE DESPLAZAMIENTO: FISCAL GENERAL
La fiscal general, Viviane Morales, le dijo a la Corte Constitucional, en una rendición de cuentas, que ya no se puede hablar de total impunidad en los casos de desplazamiento forzado.
Dijo que con la gestión de la unidad de la ley de Justicia y Paz se ha logrado la confesión de 7 mil 799 casos de desplazados.
Aseguró que se han podido esclarecer completamente lo que pasó con los desplazados de ocho de las más dolorosas masacres como las del Naya, Ituango, Mampujan, Chengue, Mapiripán, entre otros.
Reconoció que la Fiscalía tiene como obstáculo el hecho de no poder ubicar a los desplazados por sus cambios de habitación.
GOBIERNO REVELA QUE HUBO DESPLAZAMIENTOS A PUNTA DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD
En el marco de la rendición de cuentas sobre la política para los desplazados del país, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró que se han descubierto casos de desplazamiento y despojo de tierras a través de la falsificación de medidas policiales y certificados de libertad de terrenos.
"Se han producido un desplazamiento sobre poseedores de esas tierras, muchas veces expidiendo certificados de libertad y medidas de policías para sacarlos de allí", afirmó Esguerra ante la Corte Constitucional, donde manifestó que estos documentos estaban tan mal hechos que hasta tenían faltas de ortografía.
El ministro aseguró que para reconocer los sitios donde se llevaron a cabo estos casos se creó una unidad de justicia y paz en la Superintendencia de Notariado y Registros y lograr la devolución de tierras a desplazados y al Estado.
ORGANISMOS DE CONTROL RINDEN CUENTAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE LOS DESPLAZADOS
La Corte Constitucional que realiza el seguimiento al problema del desplazamiento en Colombia escuchará hoy a los organismos de control para evaluar los mecanismos fiscales, disciplinarios y judiciales para el cumplimiento de las órdenes a favor de esta población.
La fiscal general, Viviane Morales Hoyos, será la primera en presentarse para rendir informe sobre las estrategias para combatir el delito del desplazamiento forzado y sus nexos.
Así mismo han sido citados el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez y la Contralora General de la Republica, Sandra Morelli.
Otros organismos que han sido invitados están la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Terry Morel, y los expertos en el tema del desplazamiento en Colombia, Rodrigo Uprimny y Marco Romero, además del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
La diligencia será dirigida por el magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
CODHES AFIRMA QUE HABRÍA 950 MIL DESPLAZADOS POR FUERA DE LA CIFRA OFICIAL Y POCOS CASOS JUDICIALIZADOS
Frente a la audiencia especial citada por la Corte Constitucional con los organismos de control (Procuraduría, Fiscalía General, Contraloría, Defensoría del Pueblo) para que rindan sus informes sobre sus acciones al desplazamiento, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes, aseguró que en la cifra oficial de 3 millones 800 mil personas desplazadas, hay un subregistro del 25 por ciento.
Para Marco Romero, director de Codhes, lo que más preocupa es que hay muy pocos casos judicializados y menos cuando hay condenas por desplazamiento forzado, por lo piden a la Fiscalía un política que solucione éste problema.
“Acnur a través de procesos de declaración, reportaron que habían 13 mil casos de desplazamiento pero sólo 20 se habían fallado. Por lo que se muestra que el avance de la jurisdicción ordinaria por el delito, es precario”, dijo Romero.
Para Codhes, cuando hay un nivel alto de impunidad, la justicia no se puede centrar en los procesos de falsas víctimas “como está ocurriendo”, pues el problema se vuelve estructural.
Así mismo, la ONG denunció que según sus reportes en el 2011, el desplazamiento se está dando en mayor medida en los departamentos de Cauca, Chocó y toda la cuenca del pacifico y el suroriente del país, donde hay enfrentamiento armado.
Y agregan que en la Costa Caribe, el problema es más complejo ya que se presenta desplazamiento por bandas criminales con medidas de confinamiento (poblaciones que son controladas por los grupos y que no les permiten movilizarse ni salir de su región).